3.1 Evaluación y contexto

Antes de hacer cualquier trabajo de campo o abrir una hoja de cálculo, hay que entender en qué situación se encuentra el municipio. Cada ciudad llega a este proceso con una historia diferente — algunos tienen datos en papel guardados en un archivo, otros tienen hojas de cálculo desactualizadas, y algunos no tienen prácticamente nada documentado. El punto de partida determina cuánto trabajo habrá que hacer y qué estrategia tiene más sentido.

Inventario de información existente

Lo primero es averiguar qué información existe sobre el sistema de transporte, dónde está y en qué condiciones se encuentra.

Hay que preguntar: ¿tiene el municipio un listado de rutas? ¿hay mapas de recorridos? ¿existen documentos de concesión que describan los itinerarios autorizados? ¿alguien tiene una base de datos, aunque sea en Excel? Esa información puede estar en distintas áreas — movilidad, obras públicas, secretaría de gobierno — o puede estar en manos de los propios operadores.

Una vez identificada la información, hay que evaluar su estado:

• Formato — ¿está en papel o en formato digital? Los documentos en papel tienen que digitalizarse antes de poder usarse, lo que añade trabajo al proceso.
• Fecha — ¿de cuándo es? Un mapa de rutas de hace diez años puede ser un punto de partida útil para entender el sistema, pero probablemente no refleje la red actual. Los sistemas de transporte cambian con el tiempo: rutas que se crean, se modifican o desaparecen.
• Completitud — ¿cubre todas las rutas o solo algunas? ¿incluye paradas o solo los recorridos generales? ¿hay información de horarios y frecuencias?
• Formato técnico — si los datos ya están digitalizados, ¿en qué formato están? Un PDF con un mapa escaneado no es lo mismo que un archivo GeoJSON editable.

Hay que asumir que la información existente tendrá gaps y errores. La pregunta no es si los datos son perfectos sino si sirven como punto de partida o si hay que empezar desde cero.

El modelo de concesiones

En México, la gran mayoría del transporte público opera bajo un esquema de concesiones. El gobierno local o estatal otorga permisos a operadores privados — personas físicas, empresas o colectivos de transportistas — para prestar el servicio en rutas definidas. Esto tiene implicaciones prácticas importantes para cualquier proyecto de datos.

La información oficial de las rutas no siempre coincide con la operación real. Una concesión puede describir un recorrido que en la práctica se alargó, se acortó o se modificó por razones operativas. La ruta “oficial” y la ruta que recorre el camión todos los días pueden ser cosas distintas.

Además, las concesiones están fragmentadas. Puede haber decenas o cientos de concesionarios distintos operando en una misma ciudad, cada quien con su documentación, sus acuerdos informales y sus variantes de recorrido. Eso hace que cualquier intento de tener una visión completa del sistema requiera juntar información de muchas fuentes diferentes.

Es importante entender quiénes son los actores clave del sistema — las organizaciones de transportistas, los líderes de rutas, las dependencias de gobierno que tienen las concesiones — y cuál es la relación del municipio con ellos.

Contexto político y social

El mapeo de transporte público no ocurre en un vacío. Antes de comenzar hay que evaluar el contexto para identificar posibles obstáculos.

Relación con los operadores. ¿Existe una relación de colaboración entre el municipio y los concesionarios, o hay tensiones? Un proyecto de datos puede generar desconfianza si los operadores lo ven como un mecanismo de vigilancia o fiscalización. En ese caso, la estrategia de comunicación y los acuerdos previos son tan importantes como el trabajo técnico.

Contexto político. ¿Hay cambio de administración próximo? Los proyectos que arrancan al final de un periodo de gobierno tienen riesgo de no completarse o de quedar sin continuidad. ¿Existe respaldo político para el proyecto? Sin apoyo institucional, es difícil sostener el trabajo en el tiempo.

Temas de seguridad. En algunas ciudades, el transporte público opera en zonas o bajo condiciones donde el trabajo de campo puede implicar riesgos para las personas que lo realizan. Hay que evaluar esto con honestidad antes de diseñar la metodología de levantamiento. En algunos contextos es necesario ajustar los protocolos de campo — trabajar en horarios específicos, en equipos, con apoyo de actores locales — o descartar zonas donde el riesgo no es manejable.

Experiencias previas. ¿Ha habido intentos anteriores de mapear o digitalizar el sistema? ¿Por qué no prosperaron? Entender lo que no funcionó antes ayuda a no repetir los mismos errores.

Definición de objetivos y alcance

Con una imagen clara del punto de partida y del contexto, es posible definir objetivos y alcances realistas.

No todos los proyectos tienen que mapear todo el sistema de una sola vez. A veces tiene más sentido comenzar con una parte — las rutas principales, un corredor específico, las zonas con mayor demanda — y crecer desde ahí. Un proyecto acotado que termina y produce resultados concretos es más valioso que un proyecto ambicioso que nunca llega a completarse.

Los objetivos deben ser específicos. “Mejorar el transporte público” no es un objetivo operativo; sí lo son “tener las rutas de la ciudad publicadas en Google Maps antes de fin de año” o “contar con un archivo GTFS validado que cubra las 30 rutas del municipio”. Un objetivo claro define cuándo el proyecto está terminado y permite evaluar si se logró.

También hay que definir quién va a mantener los datos después. Un levantamiento que produce datos precisos pero que nadie actualiza se vuelve obsoleto en meses. Desde el principio hay que pensar en la sostenibilidad — quién es responsable, con qué frecuencia se revisa, con qué recursos.